San José, Costa Rica, 4 de septiembre de 2026. El Ministerio de Cultura y Juventud por medio del Archivo Nacional interpuso una denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) por la presunta eliminación ilícita de documentos públicos de la Municipalidad de Puntarenas, luego de una inspección en la que se encontró documentación expuesta a la lluvia, plagas y vandalismo en las instalaciones del antiguo edificio municipal.

La decisión se tomó tras valorar los hallazgos de la inspección realizada el 13 de agosto de 2026, que permitieron al Archivo Nacional contar con elementos suficientes para presumir una eventual eliminación ilícita de documentos públicos.

El ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, destacó que la protección de los documentos públicos trasciende su conservación física y constituye una garantía para la ciudadanía.

“Los documentos públicos no son papeles que una administración pueda simplemente abandonar o desechar. Son la memoria de nuestras instituciones y, sobre todo, una garantía para la ciudadanía: permiten saber qué se decidió, cómo se utilizaron los recursos públicos y quién asumió cada responsabilidad. Protegerlos es defender la transparencia, la rendición de cuentas y el patrimonio documental del país. Por eso respaldamos con absoluta firmeza la actuación del Archivo Nacional y seremos respetuosos de la investigación que ahora corresponde a las autoridades judiciales.”, afirmó Rodríguez.

Durante la inspección, personal del Archivo Nacional constató las condiciones en las que permanecía parte del acervo documental en el antiguo edificio municipal, desalojado tras el terremoto de Cóbano de 2012. En el lugar se observaron documentos expuestos a factores que ponen en riesgo su conservación, como la lluvia, las plagas y el vandalismo.

Además, se identificaron documentos de presupuestos, libros mayores y documentación contable, así como planos, correspondencia de la Alcaldía y la Vicealcaldía, y documentos de las áreas de recursos humanos, planificación, administración tributaria y catastro. Debido a las condiciones de almacenamiento, resulta difícil determinar con precisión la totalidad y temática de la documentación afectada.

Javier Gómez, subdirector general del Archivo Nacional, señaló que la actuación responde a las responsabilidades de la institución en la protección del patrimonio documental y el cumplimiento de la normativa vigente. “Nuestra institución tiene entre sus funciones principales resguardar el patrimonio documental y velar porque la normativa legal vigente se pueda cumplir de manera rigurosa. Por esta razón el Archivo Nacional debe llevar a cabo una acción oportuna para evitar una eventual pérdida de los documentos”, indicó Gómez.

Protección de los documentos públicos

La denuncia se fundamenta en el artículo 36 de la Ley N.° 7202 del Sistema Nacional de Archivos, que establece sanciones para el funcionario que autorice o lleve a cabo la eliminación de documentos en contravención de lo dispuesto por esa normativa.

Norberto Villalobos Solís, coordinador del Departamento Servicios Archivísticos Externos, explicó las implicaciones que puede tener la destrucción o deterioro de documentación pública:

“La destrucción o el deterioro de documentos violenta la garantía de libre acceso a la información producida o custodiada por las instituciones. Estas omisiones socavan la transparencia de la administración del Estado, entorpecen la rendición de cuentas de los funcionarios y limitan el goce de los derechos ciudadanos. Finalmente, atenta contra la preservación de fuentes primarias que podrían formar parte del patrimonio documental de la nación.”

La Ley N.° 7202 establece en su artículo 36: “Será penado con seis meses a tres años de prisión, el funcionario que autorice o lleve a cabo la eliminación de documentos con transgresión de lo que dispone el artículo anterior, salvo que el hecho configure un delito sancionado con una pena mayor”.

Tras la presentación de la denuncia, corresponde al Poder Judicial realizar la investigación para determinar si se cometió un delito y, de ser así, establecer las eventuales responsabilidades ante un posible incumplimiento de los deberes establecidos por ley.

Con esta acción, el Archivo Nacional, como órgano rector del Sistema Nacional de Archivos, reafirma su responsabilidad de velar por la adecuada conservación de los documentos públicos, el cumplimiento de la normativa archivística y la protección del patrimonio documental del país.

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